February 05, 2026
Rose
Food makers will now be able to claim that their products have “no artificial colors,” so long as they use dyes that are not petroleum based.
from NYT > Health https://ift.tt/u5oOKIh
from NYT > Health https://ift.tt/u5oOKIh
February 05, 2026
Rose
KFF Health News, Health News
No comments
El gobernador de California, Gavin Newsom, que aspira a presentarse en las elecciones presidenciales, ha enfurecido tanto a demócratas como a republicanos por su posición sobre la atención médica para los inmigrantes en su estado. La situación revela el delicado camino político que tiene por delante.
Por segundo año, el demócrata pidió a los legisladores estatales que eliminen la cobertura para un sector de los inmigrantes ante los recortes federales al gasto en Medicaid y un déficit presupuestario de aproximadamente $3.000 millones.
Muchos analistas advierten que, si estalla la burbuja de la inteligencia artificial, el déficit podría empeorar.
Newsom propuso que el estado no intervenga cuando, a partir de octubre, el gobierno federal deje de brindar cobertura médica a unos 200.000 residentes legales, entre ellos solicitantes de asilo y refugiados.
Legisladores progresistas y activistas afirmaron que esos recortes representan un alejamiento de la promesa de Newsom de garantizar “salud para todos”. Por otro lado, los republicanos siguen criticándolo porque utiliza fondos públicos para cubrir a personas que no son ciudadanas.
Según el Departamento de Finanzas, la propuesta más reciente de Newsom permitiría un ahorro estimado de $786 millones en este año fiscal y de $1.100 millones anuales en los años siguientes, dentro de un presupuesto proyectado de $349.000 millones.
La senadora estatal Caroline Menjivar, una de las dos demócratas que el año pasado votaron en contra de los recortes de Newsom, dijo que le preocupa que las ambiciones políticas del gobernador estén pesando más que lo que es mejor para los californianos.
“Está pendiente de lo que van a opinar Arkansas o Tennessee, cuando lo que piensa California es algo completamente diferente”, se quejó Menjivar, quien contó que sus críticas anteriores le costaron ser apartada temporalmente de un subcomité clave del presupuesto. “Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo aquí”, agregó.
Mientras tanto, el senador estatal republicano Tony Strickland criticó a Newsom por restar importancia al déficit estructural del estado que, según funcionarios estatales, podría crecer hasta los $27.000 millones el próximo año. Además, lo acusó de seguir ofreciendo cobertura a residentes de California que viven en el país sin autorización. “Lo único que quiere es relanzarse políticamente, proyectar una nueva imagen”, dijo Strickland.
Es una cuerda floja política que se irá tensando aún más a medida que disminuya el apoyo federal y sigan aumentando los gastos en atención médica, afirmó Guian McKee, codirector del Proyecto de Políticas de Salud de la Escuela de Asuntos Públicos Miller de la Universidad de Virginia.
“Newsom tiene que hacer malabares con tres o cuatro temas delicados al mismo tiempo”, opinó McKee. Si decide postularse, agregó: “las prioridades de los votantes demócratas en las primarias —que en gran medida reflejan estados progresistas como California— son muy distintas a las del electorado en general, que está mucho más dividido”.
En Estados Unidos, las opiniones sobre si el gobierno debería ofrecer cobertura médica a personas sin papeles están muy divididas.
En una encuesta de KFF realizada el año pasado, una pequeña mayoría —54%— se opuso a una disposición que establecía sanciones a los estados que utilizaban sus propios recursos para brindar atención médica a inmigrantes. Había grandes diferencias según la afiliación política. Finalmente, esa disposición no fue incluida en la versión final del proyecto de ley aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Donald Trump.
Incluso en California, la idea de ofrecer atención médica perdió apoyo a causa de los problemas presupuestarios.
En una encuesta que hizo el Instituto de Políticas Públicas de California en mayo, el 41% de los adultos expresó estar de acuerdo con ofrecer cobertura médica a inmigrantes sin papeles, una caída significativa con respecto al 55% que lo respaldaba en 2023.
Trump, el vicepresidente JD Vance, otros funcionarios del gobierno y legisladores republicanos han acusado en repetidas ocasiones a California y a otros estados demócratas de usar fondos públicos para dar atención médica a inmigrantes, un tema que enardece a la base del Partido Republicano.
Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), acusó a California de “manipular el sistema” para recibir más fondos federales, liberando recursos estatales para su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal, que ha inscrito a cerca de 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular.
“Si usted es un contribuyente en Texas o Florida, sus impuestos podrían haberse usado para financiar la atención médica de inmigrantes ilegales en California”, dijo en octubre.
Funcionarios de California negaron esas acusaciones y afirmaron que solo se utilizan fondos estatales para dar servicios de salud general a personas indocumentadas, ya que la ley prohíbe usar fondos federales.
Newsom ha convertido esto en un “motivo de orgullo”, ya que ampliar la cobertura a inmigrantes, según su administración, mantiene a las personas más saludables y ayuda a evitar costosas visitas a salas de emergencia que muchas veces se terminan pagando con dinero público.
“Ninguna administración ha hecho más que ésta para ampliar la cobertura total de Medicaid para nuestras comunidades diversas, con y sin estatus migratorio”, dijo Newsom a periodistas en enero. “Hay quienes han construido toda su carrera política criticando mi postura”.
Newsom advirtió sobre el “carnaval de caos” del gobierno federal al aprobar la ley One Big Beautiful Bill Act de Trump. Esa ley, sostuvo, pone a 1,8 millones de californianos en riesgo de perder su cobertura médica debido a la implementación de requisitos laborales, otras reglas de elegibilidad y nuevos límites al financiamiento federal para los estados.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde ahora y hasta 2034, a nivel nacional, 10 millones de beneficiarios podrían perder su cobertura.
Economistas especializados en política sanitaria han señalado que un número mayor de personas sin seguro —en especial aquellas que están relativamente sanas— podría concentrar la cobertura en pacientes más enfermos, lo que potencialmente elevaría los costos de las primas y los costos hospitalarios en general.
Organizaciones que trabajan con los inmigrantes señalan que es especialmente cruel dejar sin atención médica a quienes pudieron haber huido de situaciones de violencia o sobrevivido a la trata o a situaciones de abuso.
Las normas federales actuales exigen que los programas estatales de Medicaid cubran a “no ciudadanos calificados”, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, explicó Tanya Broder, del National Immigration Law Center. Pero la One Big Beautiful Bill Act, impulsada por los republicanos, puso fin a esa cobertura, lo que afectaría a unos 1,4 millones de inmigrantes legales en todo el país.
Como muchos gobernadores estatales aún no han presentado sus propuestas de presupuesto, no está claro cómo piensan cubrir los recortes al financiamiento, dijo Broder.
Por ejemplo, funcionarios de Colorado estiman que unos 7.000 inmigrantes legales podrían perder cobertura por los cambios en la ley. En el estado de Washington, las autoridades calculan que 3.000 refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes con autorización legal se quedarán sin cobertura de Medicaid.
Ambos estados, al igual que California, ampliaron la cobertura completa a todos los residentes elegibles por ingresos, sin importar su situación migratoria. Ahora, sus funcionarios electos están en la incómoda posición de tener que explicar por qué algunos inmigrantes legales podrían perder su cobertura médica mientras que otros sin estatus legal podrían conservarla.
El año pasado, el aumento de los costos en atención médica y los recortes presupuestarios llevaron a los gobernadores demócratas de Illinois y Minnesota —JB Pritzker y Tim Walz, dos potenciales aspirantes a la presidencia— a suspender o cancelar la cobertura para inmigrantes sin papeles.
También en 2025, legisladores de California votaron por la eliminación de la cobertura dental y congelaron nuevas inscripciones para personas sin documentos. A partir del próximo año también se cobrará una prima mensual a quienes mantengan su cobertura.
Aun así, se estima que el estado gastará $13.800 millones de su fondo general en atención médica para inmigrantes no cubiertos por el gobierno federal, según H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas.
En enero, en una conferencia de prensa en San Francisco, Newsom defendió estas medidas y dijo que eran necesarias por “prudencia fiscal”. Evitó responder preguntas sobre la cobertura para solicitantes de asilo y refugiados, y minimizó la importancia de su propuesta, al decir que podría revisarla cuando tuviera la oportunidad de actualizar el presupuesto en mayo.
Kiran Savage-Sangwan, directora ejecutiva de la California Pan-Ethnic Health Network, señaló que el estado aprobó una ley en la década de 1990 que le exige cubrir con Medi-Cal a inmigrantes legales cuando los fondos federales de Medicaid no están disponibles. Esto incluye a personas con residencia permanente que aún no cumplen con el período de espera de cinco años para inscribirse en Medicaid.
Savage-Sangwan calificó la propuesta del gobernador como “arbitraria y cruel” y criticó su decisión de priorizar los depósitos del fondo de emergencia para tiempos difíciles en vez de mantener la cobertura. Agregó que culpar al gobierno federal era engañoso.
También consideró que es un gran retroceso respecto de lo que ella esperaba que California pudiera lograr el primer día de Newsom en el cargo, hace siete años, cuando el gobernador declaró su apoyo a un sistema de salud con financiamiento público integral y propuso ampliar los subsidios para pagar el seguro médico para la clase media.
“Tenía esperanza y celebramos los avances que impulsó el gobernador”, afirmó Savage-Sangwan. “Por eso estoy aún más decepcionada”.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/EoiOADM
- February 05, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
NEW ORLEANS — Sarah Hess started taking her toddler, Josie, to Mickey Markey Playground in 2010 because she thought it would offer a refuge from lead.
After a routine doctor visit revealed Josie had lead poisoning, Hess quickly traced the source to the crumbling paint in her family’s century-old home in the Bayou St. John neighborhood. While it underwent lead remediation, the family stayed in a newer, lead-free house near Markey.
“Everyone was telling us the safest place to play was outside at playgrounds, so that’s where we went,” Hess said. Josie became a Markey regular, playing on the swings and slides.
Josie’s next blood test was a shock. “It skyrocketed,” Hess said. Josie’s lead levels had leaped to nearly five times the national health standard. The likely culprit, according to scientists at the time, was Josie’s favorite park. Soil testing found it had dangerously high levels of lead.
City officials took no action to inform Markey’s users or make the park safe. But parents started posting warning signs at the park and flooded City Hall with calls and emails. With Josie on her hip, Hess made an impassioned speech at a City Council meeting.
In short order, the city hired a company to test Markey and other parks and pledged to fix the lead problem wherever it was found.
“My impression was they were going to make them all lead-free parks,” Hess said.
But a Verite News investigation conducted over four months in 2025 found that lead pollution in New Orleans parks not only persists — it is more widespread than previously known. Dozens of city parks with playgrounds remain unsafe, including Markey and other parks that underwent a city-sponsored lead remediation in 2011.
The findings indicate that city officials fell short in their cleanup efforts then, and that a very large number of New Orleans children are exposed to excessive amounts of lead, said Howard Mielke, a retired Tulane University toxicologist and one of the nation’s top experts on lead contamination.
“It’s a failed program,” he said. “They didn’t do what they needed to do to bring the lead levels down in a single park.”
Verite News reporters tested hundreds of soil samples from 84 city parks with playgrounds in fall 2025. Adrienne Katner, a lead-contamination researcher with Louisiana State University, verified the results. The testing found that about half the parks had lead concentrations that exceeded the federal hazard level established in 2024 for soil in urban areas.
“If there’s evidence of kids playing in soils that are as high as you described, that’s kind of horrifying,” Gabriel Filippelli, an Indiana University biochemist who studies lead exposure, told Verite News.
Public health researchers and doctors say that children under 6 absorb lead-laden dust more easily than adults, contaminating their blood and harming the long-term development of their brains and nervous systems. There is no known safe exposure level for children, and even trace amounts can result in behavioral problems and lower cognitive abilities.
Larry Barabino is the CEO of the New Orleans Recreation Development Commission, which oversees most of the city’s parks. He said the city doesn’t routinely test for lead in parks, and he confirmed that the last significant effort to do so was in 2011.
He called Verite’s results “definitely concerning” and pledged to work with city officials, local experts, and a city environmental consultant, Materials Management Group, to potentially remediate unsafe parks.
“It’s definitely concerning if it’s at the level that’s considered a true risk or threat, and we would get it to Capital Projects immediately to get MMG out there,” Barabino said, referring to the News Orleans Capital Projects Administration. “If there’s anything that’s a true environmental concern or risk, that’s something that we believe in definitely making sure we take action.”
But New Orleans is in financial straits, with a budget deficit of about $220 million, and it’s unclear what resources new mayor Helena Moreno would be able to devote to restart lead remediation efforts. In response to the financial crisis, Moreno has already eliminated dozens of positions and plans to furlough 700 employees one day per pay period to save money. Moreno’s administration did not respond to requests for comment.
Andrea Young heard pledges similar to Barabino’s 15 years ago. Like Hess, Young had a child who frequented Markey and had high lead levels in her blood. Alongside other mothers, she helped push the city to take action. Young thought they had succeeded but said she now realizes that the city didn’t do enough.
“It makes me question the value” of the work the city did, Young said, “and the safety we felt in letting our kids play there again.”
Testing New Orleans Parks
Lead is typically found in very small amounts in natural soil. The average lead abundance in U.S. soils is 26 parts per million, equivalent to less than an ounce of lead per ton of soil.
But New Orleans, like many other cities, has a long history of lead contamination in its soil, from sources including lead-based paint, leaded gasoline, and emissions from waste incinerators and other industrial facilities. Lead particles spread easily by wind, eventually settling in the topsoil.
The federal hazard level for lead in soil was 400 ppm until early 2024, when the Environmental Protection Agency lowered it to 200 ppm for most residential areas and 100 ppm in urban areas like New Orleans with multiple sources of lead exposure. Last fall, the Trump administration eliminated the lower 100-ppm limit, arguing it was confusing to have two thresholds. It didn’t argue that the 100-ppm level was safe.
More of a guide than a mandate, the EPA screening levels can steer federal cleanup actions and are often adopted by state and city governments to inform local responses to lead contamination. California has long had a much lower standard of 80 ppm.
Mielke said the Trump administration’s change doesn’t align with the science, which has long shown that children are harmed when exposed to soil with levels below 100 ppm. He was one of several scientists who had pushed for lower thresholds after the EPA established its first screening levels more than 30 years ago.
He said the 100-ppm level should still be applied in urban areas, especially New Orleans.
Verite conducted soil tests on the 84 city parks that property inventories and maps list as having play structures. Samples were taken from surface soil, which is most likely to come into contact with children’s hands and toys or be inhaled when kicked up during play or blown by the wind.
The average soil sample collected by Verite contained lead levels of about 121 ppm. Elevated lead levels tended to follow the age of the neighborhood. The city’s older neighborhoods, including the Irish Channel and Algiers Point, had some of the highest lead levels, while places like Gentilly and New Orleans East, developed mostly after the 1950s, tended to have lower levels, according to Verite’s findings.
The highest lead levels were found at Evans Park in the Freret neighborhood. Beside a low-hanging oak branch, on ground worn bare by children’s play, Verite recorded lead at 5,998 ppm, nearly 60 times the 100-ppm urban soils threshold.
Verite spoke to more than a dozen parents at playgrounds throughout the city, and most were surprised at the levels of lead in the parks.
In the Irish Channel, Meg Potts watched her son run around the dusty Brignac playground. All of Verite’s samples at that park surpassed the threshold the EPA deemed safe for urban areas, reaching nearly 600 ppm.
Potts knew high lead levels existed in the city but said she didn’t realize her neighborhood park could be a source of exposure for her son.
“ I’m just, like, thinking about all of this now because he’s had to go in and have his lead tested,” she said. “He’s like right on the cusp of having too-high lead.”
Katner, the LSU researcher, said Verite’s results can serve as a starting point for city officials to conduct more comprehensive testing in parks, noting that even a single lead hot spot in a park is concerning.
“The kid playing in that part of the park is going to get the highest dose,” she said.
A Legacy of Lead
Before the 1970s, lead was ubiquitous. A 2022 study estimated that most of the U.S. population born before the 1980s was poisoned by dangerously high levels of lead in early childhood, resulting in an average loss of at least one IQ point.
Lead pollution from cars spread into areas near roads, especially major thoroughfares, until leaded gasoline was phased out by 1996. Similarly, emissions from trash incinerators and industrial sites contaminated the surrounding soil in some New Orleans neighborhoods until they were closed in the 1970s and ’80s.
Today, the most pervasive source of lead in soil is degraded paint. Lead-based paint was used extensively for homes and buildings until it was banned in 1978. In New Orleans, most of the houses were built before 1980, according to the 2024 American Community Survey. As the paint deteriorates, Tulane University epidemiologist Felicia Rabito said, it can chip or turn into toxic dust.
“ The leaded paint goes straight into the dust and it goes straight into the soils, which is a major source of exposure for young children in the city,” said Rabito, who studies lead poisoning and other health conditions.
Children under 6 are especially vulnerable, in part because they like to stick their hands in their mouths. A child eating a dropped Cheerio or putting their thumb in their mouth after playing on a seesaw can be enough to cause harm. Rabito recommended that parents avoid contaminated playgrounds.
The only way to know whether a child has lead poisoning is a medical test. By state law, Louisiana health care providers are required to ensure every child between 6 months and 6 years of age receives at least two blood tests, recommended at age 1 and age 2.
But the law does not include a way to enforce those testing requirements, so many health care providers don’t test, according to a 2017 report from the Louisiana Department of Health. In 2022, fewer than 1 in 10 children under 6 were screened for lead poisoning in the city, according to data from the Centers for Disease Control and Prevention.
“ There’s not anything that we can say about lead poisoning or lead levels in children in Orleans Parish with any scientific certainty,” Rabito said. “ Parents really need to get their children tested.”
Limited Soil Testing, Patchy Fixes
In 2011, the last time there was outcry over lead pollution in parks, the New Orleans health commissioner at the time, Karen DeSalvo, said the city should do “everything we can to understand what the risk might be and to remediate it.” But she also called it “not the greatest challenge, honestly,” according to The Times-Picayune.
Then-Mayor Mitch Landrieu promised a comprehensive response.
“The city will take all necessary measures to investigate possible lead contamination in other parks and playgrounds and remediate them as soon as possible,” he said in March 2011.
Two months later, testing and remediation were completed at several parks. Parents brought their children back to the reopened playgrounds.
Despite city leaders’ assurances of a broad response, only 16 parks were tested in 2011 and the city’s piecemeal cleanup covered only patches of contaminated soil rather than entire parks, according to documents obtained through public records requests.
That stunned the vocal group of parents who had pushed for cleaning up the Markey playground. Young, one of the mothers, said the scope of the 2011 testing and remediation was much more limited than she thought.
“If the majority of the parks they tested were high, what would make them think all the others are fine?” she said.
Verite’s testing found high levels of lead at several playgrounds that were remediated in 2011, including Markey.
The results disturbed Mielke, the Tulane toxicologist.
In 2010, Mielke led an effort to reduce lead exposure at 10 private child care center playgrounds in New Orleans. He and his team covered the entire footprint of each playground with water-pervious plastic fabric and then 6 inches of Mississippi River sediment from the Bonnet Carré Spillway, a source of clean, cheap, and easily accessible soil. Lead levels fell, with most playgrounds testing below 10 ppm.
In contrast, the city’s remediation was mostly limited to areas with lead levels above 400 ppm, leaving many hazardous areas exposed. Testing and remediation reports obtained by Verite typically showed MMG focused on two or three spots in each park, with the rest going untreated.
At Easton Park in Bayou St. John, for instance, the 2011 remediation covered four areas totaling about 4,700 square feet, but the park’s playground was left untouched. Verite measured four samples around the playground that exceeded the 100-ppm threshold, including 1,060-ppm and 603-ppm readings near Easton’s swing set.
One park, Evans in the Freret neighborhood, wasn’t remediated despite lead levels as high as 610 ppm in 2011. The reason wasn’t clear in progress reports submitted by MMG. In Verite’s 2025 tests, Evans recorded the highest level, with 5,998 ppm in one location.
MMG did not respond to requests for comment.
Landrieu did not respond to a request for comment. DeSalvo, who retired last summer as Google’s chief health officer, said “extremely limited resources” forced the city to weigh its response to lead contamination in parks with the many other health threats residents faced.
“We worked to address the range of exposures whenever possible with the resources we could muster,” she said.
A Road Map for Cleanup?
Filippelli, of Indiana University, said the city should conduct comprehensive testing of every park and do regular checkups.
But because lead contamination in New Orleans parks is extensive and city leaders are struggling to close a large budget deficit, Filippelli recommends that the city remediate the worst parks first.
He and Mielke don’t believe the city must go the expensive route of full remediation, which involves digging up lead-tainted soil and trucking it to a hazardous waste landfill. It’s usually unnecessary if a park is properly capped with clean soil, Filippelli said.
Verite obtained cost estimates for 10 of the 13 parks targeted for remediation in 2011. The total cost was $83,000 in 2011, or about $120,000 today. The work covered just more than 1.3 acres across the 10 properties. Filippelli estimated that similar work could be done today for about $20,000 per acre — about a fifth of what was spent to remediate just over an acre at New Orleans parks.
Remediation should be coupled with efforts to reduce contamination from nearby sources, primarily old houses shedding lead-based paint, Rabito said.
“When you clean up soil, you’re not going to do it much good if you haven’t identified what’s contaminating the soil,” she said.
Cleaning up New Orleans parks is also likely to require sustained public pressure, said the parents involved with the lead issue in 2011.
“I was not intending to kick butts or make anybody look bad,” Claudia Copeland said of her efforts to alert parents about the dangers at Markey. “But nothing would have happened unless all these parents were calling in to the city.”
Methodology
Verite News reporters Tristan Baurick and Halle Parker were trained to use an X-ray fluorescence analyzer, or XRF, a handheld device that can detect the unique traits of lead at trace levels, down to 10 parts per million. The analyzer is widely used by government and university scientists.
The reporters tested 531 soil samples over a month in late 2025, following protocols developed by retired Tulane University toxicologist Howard Mielke and vetted by three other lead-contamination researchers. The reporters tested surface soil in and around play structures and other areas of parks that children use. Of the more than 110 parks in New Orleans, Verite concentrated on the 84 that city property inventories and maps list as having play structures. The reporters took between three and 11 samples at each park, depending on the size, site accessibility, and levels of contamination. A GPS device was used to record each sample’s location.
Verite’s results were reviewed by Adrienne Katner, a lead-contamination researcher at Louisiana State University. She verified the accuracy of the testing by comparing it with a smaller set of park soil samples collected by her team last summer.
While valid, the method did have limitations. The results can’t be used to determine the state of a whole park. But even one elevated soil sample can provide a starting point for city officials to conduct more comprehensive testing.
This article was produced in collaboration with Verite News. The four-month investigation was supported by a Kozik Environmental Justice Reporting grant funded by the National Press Foundation and the National Press Club Journalism Institute. It was also produced as a project for the USC Annenberg Center for Health Journalism’s National Fellowship fund and Dennis A. Hunt Fund for Health Journalism.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/gIdQJfh
- February 04, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
Sex therapists say a character’s struggle to reach her “pinnacle” could help viewers better understand women’s sexuality.
from NYT > Health https://ift.tt/Pv7MyDX
from NYT > Health https://ift.tt/Pv7MyDX
- February 04, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
He was a surgical oncologist at a hospital in a Southern city, a 78-year-old whose colleagues had begun noticing troubling behavior in the operating room.
During procedures, he seemed “hesitant, not sure of how to go on to the next step without being prompted” by assistants, said Mark Katlic, director of the Aging Surgeon Program at Sinai Hospital in Baltimore.
The chief of surgery, concerned about the doctor’s cognition, “would not sign off on his credentials to practice surgery unless he went through an evaluation,” Katlic said.
Since 2015, when Sinai inaugurated a screening program for surgeons 75 and older, about 30 from around the country have undergone its comprehensive two-day physical and cognitive assessment. This surgeon “did not come of his own accord,” Katlic recalled.
But he came. The tests revealed mild cognitive impairment, often but not necessarily a precursor to dementia. The neuropsychologist’s report advised that the surgeon’s difficulties were “likely to impact his ability to practice medicine as he is doing presently, e.g. conducting complex surgical procedures.”
That didn’t mean the surgeon had to retire; a variety of accommodations would allow him to continue in other roles. “He retained a lifetime of knowledge that had not been impacted by cognitive changes,” Katlic said. The hospital “took him out of the OR, but he continued to see patients in the clinic.”
Such incidents are likely to become more common as America’s physician workforce ages rapidly. In 2005, more than 11% of doctors who were seeing patients were 65 or older, the American Medical Association said. Last year, the proportion reached 22.4%, with nearly 203,000 older practitioners.
Given physician shortages, especially in rural areas and key specialties like primary care, nobody wants to drive out veteran doctors with skills and experience.
Yet researchers have documented “a gradual decline in physicians’ cognitive abilities starting in their mid-60s,” said Thomas Gallagher, an internist and bioethicist at the University of Washington who has studied late-career trajectories.
At older ages, reaction times slow; knowledge can become outdated. Cognitive scores vary greatly, however. “Some practitioners continue to do as well as they did in their 40s and 50s, and others really start to struggle,” Gallagher said.
A few health organizations have responded by establishing late-career practitioner programs mandating that older doctors be screened for cognitive and physical deficits.
UVA Health at the University of Virginia began its program in 2011 and has screened about 200 older practitioners. Only in four cases did the results significantly change a doctor’s practice or privileges.
Stanford Health Care launched its late-career program the following year. Penn Medicine at the University of Pennsylvania also put in place a testing program.
Nobody has tracked how many exist; Gallagher guesstimated as many as 200. But given that the United States has more than 6,000 hospitals, those with late-career programs constitute “a vast minority,” he said.
The number may actually have shrunk. A federal lawsuit, along with the profession’s lingering reluctance, appears to have put the effort to regularly assess older doctors’ abilities in limbo.
Late-career programs typically require those 70 and older to be evaluated before their privileges and credentials are renewed, with confirmatory testing for those whose initial results indicate problems. Thereafter, older doctors undergo regular rescreening, usually every year or two.
It’s fair to say such efforts proved unpopular among their intended targets. Doctors frequently insist that “‘I’ll know when it’s time to stand down,’” said Rocco Orlando, senior strategic adviser to Hartford HealthCare, which operates eight Connecticut hospitals and began its late-career practitioner program in 2018. “It turns out not to be true.”
When Hartford HealthCare published data from the first two years of its late-career program, it reported that of the 160 practitioners 70 and older who were screened, 14.4% showed some degree of cognitive impairment.
That mirrored results from Yale New Haven Hospital, which instituted mandatory cognitive screening for medical staff members starting at age 70. Among the first 141 Yale clinicians who underwent testing, 12.7% “demonstrated cognitive deficits that were likely to impair their ability to practice medicine independently,” a study reported.
Proponents of late-career screening argued that such programs could prevent harm to patients while steering impaired doctors to less demanding assignments or, in some cases, toward retirement.
“I thought as we got the word out nationally, this would be something we could encourage across the country,” Orlando said, noting that Hartford’s program cost only $50,000 to $60,000 a year.
Instead, he has seen “zero progress” in recent years. “Probably we’ve gone backward,” he said.
A key reason: In 2020, the federal Equal Employment Opportunity Commission sued Yale New Haven over its testing efforts, charging age and disability discrimination. The legal action continues (the EEOC declined to comment on its status), as does the hospital’s late-career program.
But the suit led several other organizations to pause or shut down their programs, including those at Hartford HealthCare and at Driscoll Children’s Hospital in Corpus Christi, Texas, while few new ones have emerged.
“It made lots of organizations uncomfortable about sticking their necks out,” Gallagher said.
Instituting later-career programs has always been an uphill effort. “Doctors don’t like to be regulated,” Katlic acknowledged. Late-career programs have “in some cases been very controversial, and they’ve been blocked by influential physicians,” he said.
As health systems wait to see what happens in federal court, most national medical organizations have recommended only voluntary screening and peer reporting.
“Neither works very well at all,” Gallagher said. “Physicians are hesitant to share their concerns about their colleagues,” which can involve “challenging power dynamics.”
As for voluntary evaluation, since cognitive decline can affect doctors’ (or anyone’s) self-awareness, “they’re the last to know that they’re not themselves,” he added.
In a recent commentary in The New England Journal of Medicine, Gallagher and his co-authors recommended procedural policies to promote fairness in late-career screening, based on an analysis of such programs and interviews with their leaders.
“How can we design these programs in a way that’s fair and that therefore physicians are more apt to participate in?” he said. The authors emphasized the need for confidentiality and safeguards, such as an appeals process.
“There are all sorts of accommodations” for doctors whose assessments indicate the need for different roles, Gallagher noted. They could adopt less onerous schedules or handle routine procedures while leaving complex six-hour surgeries to their colleagues. They might transition to teaching, mentoring, and consulting.
Yet a substantial number of older doctors head for the exits and retire rather than face a mandated evaluation, he said.
The future, therefore, might involve programs that regularly screen every practitioner. That would be inefficient (few doctors in their 40s will flunk a cognitive test) and, with current tests, time-consuming and consequently expensive. But it would avoid charges of age discrimination.
Faster reliable cognitive tests, reportedly in the research pipeline, may be one way to proceed. In the meantime, Orlando said, changing the culture of health care organizations requires encouraging peer reporting and commending “the people who have the courage to speak up.”
“If you see something, say something,” he continued, referring to health care professionals who witness doctors (of any age) faltering. “We are overly protective of our own. We need to step back and say, ‘No, we’re about protecting our patients.’”
The New Old Age is produced through a partnership with The New York Times.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/g0iR87U
- February 04, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
The legislation will impose new restrictions on pharmacy benefit managers, giant companies like CVS Caremark, Optum Rx and Express Scripts that oversee prescription drug benefits.
from NYT > Health https://ift.tt/M4mTABN
from NYT > Health https://ift.tt/M4mTABN
- February 03, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
A long-term study of 292 families linked fathers’ parenting style to their children’s heart health years later. To researchers’ surprise, no such link was found with mothers.
from NYT > Health https://ift.tt/CjK0Mgl
from NYT > Health https://ift.tt/CjK0Mgl
- February 03, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
Inside a cancer research laboratory on the campus of Harvard Medical School, two dozen small jars with pink plastic lids sat on a metal counter. Inside these humble-looking jars is the core of Joan Brugge’s current multiyear research project.
Brugge lifted up one of the jars and gazed at it with reverence. Each jar holds samples of breast tissue donated by patients after they underwent a tissue biopsy or breast surgery — samples that may reveal a new way to prevent breast cancer.
Brugge and her research team have analyzed the cell structure of more than 100 samples.
Using high-powered microscopes and complex computer algorithms, they diagram each stage in the development of breast cancer: from the first sign of cell mutation to the formation of tiny clusters, well before they are large enough to be considered tumors.
Their quest is to prevent breast cancer, a disease that afflicts roughly 1 in 8 U.S. women over their lifetimes, as well as some men. Their ultimate goal is to relieve the pain, suffering, and risk of death that accompany this disease. And their painstaking work, unspooling across six years of a seven-year, $7 million federal grant, has yielded results.
In late 2024, Brugge and her colleagues identified specific cells in breast tissue that contain the genetic seeds of breast tumors.
And they discovered that these “seed cells” are surprisingly common. In fact, they are present in the normal, healthy tissue of every breast sample her lab has examined, Brugge said, including samples from patients who haven’t had breast cancer but have had surgery for other reasons, such as breast reduction or a biopsy that proved benign.
The next research challenge for Brugge’s lab is clear: Find ways to detect, isolate, and terminate the mutant cells before they can spread and form tumors.
“I’m excited about what we’re doing right now,” Brugge said. “I think we could make a difference, so I don’t want to stop.”
Work in Brugge’s lab slowed significantly last year. In April, her $7 million grant from the National Cancer Institute at the National Institutes of Health was frozen, along with virtually all other federal money awarded to Harvard researchers.
The Trump administration said it was withholding the funds over the university’s handling of antisemitism on campus.
Some of Brugge’s lab staff lost federal fellowships that funded their work. Brugge told others funded through the NIH grant that she couldn’t guarantee their salaries. In all, Brugge lost seven of her 18 lab employees.
In September, the funding for the NIH grant was restored. But in the intervening months, the Trump administration said Brugge and other Harvard researchers needn’t bother applying for the next round of multiyear grants.
A federal judge lifted that ban, but Brugge had missed the deadline to apply for renewal. So her current funding will end in August.
Brugge scrambled to secure private funding from foundations and philanthropists. She was then able to reinstate two positions for at least a year — but job applicants are wary.
Across the United States, the future of federal funding for cancer research is uncertain.
President Donald Trump has proposed cutting the NIH budget by nearly 40% in the 2026 fiscal year.
In a budget message, the White House said the “NIH has broken the trust of the American people with wasteful spending, misleading information, risky research, and the promotion of dangerous ideologies that undermine public health.”
But Congress has other plans: The Senate and House Appropriations Committees released a compromise bill on Jan. 20 that would set the NIH’s budget at $48.7 billion, $415 million more than in the 2025 fiscal year.
In the meantime, advocates such as Mark Fleury with the American Cancer Society are reminding lawmakers that the cancer death rate has declined — by 34% since the early 1990s — due in part to federally funded research advances.
“But we still have an incredible ways to go before we can say that we’ve changed the trajectory of cancer,” Fleury said. “There are still cancer types that are fairly lethal, and there are still populations of people for whom their experience of cancer is vastly different from other groups.”
Reductions in research funding will have a direct impact on treatment options for patients, Fleury said. For example, a 10% cut to the NIH budget would eventually result in two fewer new drugs or treatments per year, according to a projection from the nonpartisan Congressional Budget Office.
A recent study looked at drugs that were developed through NIH-funded research and approved by the Food and Drug Administration since 2000. More than half those drugs would probably not have been developed if the NIH had been operating with a 40% smaller budget.
“We can’t say, ‘But for that grant, that [specific] drug would not have come into existence,’” said Pierre Azoulay, a co-author of the study and a professor at the Massachusetts Institute of Technology. But fewer drugs would have made it to market, he said. “It makes us at least want to pause and say, ‘What are we doing here? Are we shooting ourselves in the foot?’”
Amid all the uncertainty, Brugge has trouble focusing on her goal of finding new ways to prevent breast cancer.
Nowadays, she spends about half her time searching for new sources of funding, managing her remaining employees’ anxieties, and monitoring the most recent news about Harvard, the Trump administration, and the NIH and other federal agencies that have experienced grant freezes, staff layoffs, and other disruptions.
She’d rather return her attention to her ongoing investigations, which she’s confident could eventually save lives.
The breakdown of Brugge’s lab highlights another problem: The U.S. is kneecapping the next generation of cancer researchers. Her employees included staff scientists, postdocs, and graduate students. Of the seven who left the lab in 2025, one left the U.S., one took a job at a health care management company, four went back to school, and one is still looking for work.
One of Brugge’s former staffers, Y., is a computational biologist. She helped design and run a tool that analyzes millions of breast tissue cells from the samples in the pink-lidded jars.
Y. moved to Switzerland in October to begin a PhD program. KFF Health News and NPR are identifying her by her middle initial because she plans to return to the U.S. for scientific conferences and worries that speaking publicly about her experience could risk future visa approvals.
“I thought the U.S. would be a safe place for scientists to learn and grow,” said Y., who moved to Boston from abroad for Harvard’s master’s degree program in bioinformatics. “I really hope that those who have the opportunities to study this further can fill in those missing pieces in cancer research.”
Brugge is no longer accepting job applicants from outside the U.S., even if they are top candidates, because she can’t afford to pay the Trump administration’s new $100,000 fee on visas for some foreign researchers.
The Association of American Universities and the U.S. Chamber of Commerce have filed a legal challenge, claiming the fee is misguided and illegal. The Trump administration said the fee would discourage reliance on foreign workers and improve opportunities for Americans.
Brugge doubts work in her lab will ever return to normal.
“There’ll always be, now, this existential threat to the research,” Brugge said. “I will definitely be concerned because we don’t know what’s going to happen in the future that might trigger a similar kind of action.”
Brugge has thought about shutting down her lab. But she still employs staff members whose future scientific careers are tied to finishing some of the research. And when she looks at those pink-lidded jars, she still sees so much promise.
This article is from a partnership that includes WBUR, NPR, and KFF Health News.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/vAl1sHV
- February 03, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
Experts are using high-res scanners and 3-D printers to illuminate ancient ailments and injuries.
from NYT > Health https://ift.tt/LoJGuB4
from NYT > Health https://ift.tt/LoJGuB4
- February 02, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
When her doctor died suddenly in August, Tammy MacDonald found herself among the roughly 17% of adults in America without a primary care physician.
MacDonald wanted to find a new doctor right away. She needed refills for her blood pressure medications and wanted to book a follow-up appointment after a breast cancer scare.
She called 10 primary care practices near her home in Westwood, Massachusetts. None of the doctors, nurse practitioners, or physician assistants was taking new patients. A few offices told her that a doctor could see her in a year and a half or two years.
“I was just shocked by that, because we live in Boston and we’re supposed to have this great medical care,” said MacDonald, who is in her late 40s and has private health insurance. “I couldn’t get my mind around the fact that we didn’t have any doctors.”
The shortage of primary care providers is a national problem, but it’s particularly acute in Massachusetts. The state’s primary care workforce is shrinking faster than in most states, according to a January 2025 report.
Some health networks, including the state’s largest hospital chain, Mass General Brigham, are turning to artificial intelligence for solutions.
In September, right when MacDonald was running out of blood pressure medications, MGB launched a new AI-supported program, Care Connect. MacDonald had received a letter from MGB, telling her no primary care providers in the network were taking new patients for in-person care. At the bottom of the letter was a link to Care Connect.
MacDonald downloaded the app and requested a telehealth appointment with a doctor. She then spent about 10 minutes chatting with an AI agent about why she wanted to see a physician. Afterward, the AI tool sent a summary of the chat to a primary care doctor who could see MacDonald by video.
“I think I got an appointment the next day or two days later,” she said. “It was just such a difference from being told I had to wait two years.”
Round-the-Clock Convenience
MGB says the AI tool can handle patients seeking care for colds, nausea, rashes, sprains, and other common urgent care requests, as well as mild to moderate mental health concerns and issues related to chronic diseases. After the patient types in a description of the symptoms or problem, the AI tool sends a doctor a suggested diagnosis and treatment plan.
Care Connect employs 12 physicians to work with the AI. They log in remotely from around the U.S., and patients can get help round-the-clock, seven days a week.
Care Connect is one of many AI-based tools that hospitals, doctors, and administrative staff are testing for a range of routine medical tasks, including note-taking, reviewing diagnostic results, billing, and ordering supplies.
Proponents argue that these AI programs can help relieve staff burnout and worker shortages by reducing time spent on medical records, referrals, and other administrative tasks. But there’s debate about when and how to use AI to improve diagnoses. Critics worry that AI agents miss important details about overlapping medical conditions.
Critics also point out that AI tools can’t assess whether patients can afford follow-up care or get to that appointment. They have no insight into family dynamics or caretaking needs, things that primary physicians come to understand through long-term personal relationships.
Since her first foray on the app in September, MacDonald has used Care Connect at least three more times. Two of those interactions led to an eventual conversation with a remote doctor, but when she went online to book an appointment for travel-related shots, she interacted only with the AI chatbot before visiting the travel clinic.
MacDonald likes the convenience.
“I don’t have to leave work,” she said. “And I gained some peace of mind, knowing that I have a plan between now and me finding another in-person doctor.”
So while she hunted for that person, MacDonald planned to stay with Care Connect.
“This is a logical solution in the short term,” MacDonald said. “At the end of the day, it’s the patient who’s feeling the aftermath of all of the bigger things going on in health care.”
Scarcity and Burnout
Many factors contribute to the shortage of providers. Many primary care doctors, such as pediatricians, internists, and family medicine physicians, are dissatisfied with their pay. They earn about 30% to 50% less, on average, than specialists such as surgeons, cardiologists, and anesthesiologists.
At the same time, their workload has been increasing. Primary care doctors often describe days packed with complex patient visits, followed by evenings spent updating medical records and responding to patient messages.
When MacDonald signed onto Care Connect, she was one of 15,000 patients in the Mass General Brigham system without a primary care provider. That number has grown as primary care doctors have left MGB for rival hospital networks.
Madhuri Rao, a primary care physician at an MGB health center in Chelsea, Massachusetts, said she’s staying at MGB for now, but she’s grown frustrated with the system’s leaders.
“They don’t make any effort to ease the shortage,” said Rao, who is also part of an effort to unionize MBG’s primary care doctors. “They put their money into specialties. Primary care feels like a peripheral part of the system, when it really should be a central part.”
Last year, MGB pledged to spend $400 million over five years on primary care services — though that includes the multiyear contract with Care Connect.
“Care Connect is just one solution among many in this broader strategy to alleviate the primary care capacity crisis,” Ron Walls, MGB’s chief operating officer, said in an emailed statement. “Our investment supports retaining our current physicians as well as recruiting new ones.”
Walls said MGB has increased staffing support for primary care physicians, implemented other AI tools, and hired a new executive for primary care. Some of these changes are based on recommendations from their own primary care doctors.
But some of those doctors say they would like other changes, and salary increases in particular.
Walls would not disclose the exact amount MGB is spending on Care Connect.
Bridge to Better Care or a ‘Band-Aid’?
MGB has rolled out other AI tools, including one that can transcribe a doctor’s in-person conversations with patients. Rao isn’t using that tool. She worries that patient information could be leaked and medical privacy violated, and she doesn’t want her conversations with patients to be used to help develop the next generation of AI medical tools.
“What if they’re just using my interactions with patients to train their AI and boot me out of my job?” she said.
That’s not the goal, said Helen Ireland, a primary care physician who manages the program for MGB. All decisions about patient care are still made by real doctors, she said.
“We are not replacing our in-person primary care,” she said. “It’s still important, and the majority of patients still have in-person primary care.”
But the fear among some primary care doctors at MGB is that Care Connect will gradually erode access to in-person primary care visits. Of the $400 million pledged by MGB for primary care, they want less spent on AI and more used to attract and increase pay for primary care staffers.
Michael Barnett, an MGB internist who is also involved in the unionizing effort, said the use of Care Connect can only fill a gap. “That sounds like a band-aid for a broken system to me,” he said.
Expanding AI Tools
As of mid-December, the Care Connect doctors were each seeing 40 to 50 patients a day. By February, the MGB network plans to make Care Connect available to all Massachusetts and New Hampshire residents who have health insurance, and to hire more doctors to staff the program as needed.
Patients can use the program like an urgent care service, Ireland said. They can also decide to make one of the remote doctors their permanent primary care provider.
“Some patients want in-person care,” Ireland said. “But I do believe there’s a subset of patients who will appreciate the 24-hour, seven-day-a-week model and choose to be a part of this.”
Care Connect isn’t for patients who need emergency care or a physical exam, she said. And patients who need tests or imaging are referred to the network’s clinics or labs.
But the remote doctors can manage some of the same routine issues that all primary care doctors do, Ireland said, including moderate respiratory infections, allergies, and chronic conditions such as diabetes, high cholesterol, and depression.
Steven Lin says only immediate, not ongoing, health problems should be on that list. Lin is chief of primary care at the Stanford University School of Medicine and founded Stanford’s Healthcare AI Applied Research Team.
“In its current state, the safest use of this tool is for more urgent care issues,” Lin said. “Your upper respiratory tract infections. Your urinary tract infections. Your musculoskeletal injuries. Your rashes.”
For patients with multiple chronic conditions such as high blood pressure and diabetes — or for patients with especially serious conditions like heart disease or cancer — Lin said nothing beats a human who sees you regularly.
Still, Lin agrees that the chat summary generated after an AI encounter can help a physician be more efficient. For patients, Lin understands the practical appeal of a virtual option.
“I would rather these patients get care, if that care can be safe,” he said, “than not get care at all.”
The company that developed the AI platform for Care Connect, K Health, contends the program is delivering safe, effective care to patients with complex, chronic ailments — many of whom have no other option besides a hospital emergency room.
“America’s got a big problem with health care, issues with cost, quality, and access,” said Allon Bloch, the company’s CEO. “To solve it, you need to start with primary care, and you have to use technology and AI.”
In addition to Mass General Brigham, K Health partners with five other health networks, including the highly ranked Mayo Clinic and Los Angeles-based Cedars-Sinai.
In a small and limited study funded by K Health, Cedars-Sinai researchers compared several hundred diagnosis and treatment recommendations made by AI with those made by physicians.
The researchers found the AI to be slightly better at identifying “critical red flags” and recommending care based on clinical guidelines, though the physicians were better at adjusting their treatment recommendations as they spoke more with the patient.
This article is from a partnership that includes WBUR, NPR, and KFF Health News.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/yqX6Kej
- February 02, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
Ostarine held the promise of profound medical treatments. Something unexpected happened on the way to F.D.A. approval.
from NYT > Health https://ift.tt/pPkCL6Z
from NYT > Health https://ift.tt/pPkCL6Z
- January 31, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
The physician work force is aging fast, and some hospitals now require that older clinicians undergo testing for cognitive decline. Many have resisted.
from NYT > Health https://ift.tt/M9euHgx
from NYT > Health https://ift.tt/M9euHgx
- January 31, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
While at the federal agency, he approved the laser device for eye surgery but later warned of its potential to cause harm.
from NYT > Health https://ift.tt/5dAGQqP
from NYT > Health https://ift.tt/5dAGQqP
- January 31, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
How increased responsibilities and a push to be called “physician associates” are raising tensions with doctors.
from NYT > Health https://ift.tt/R30wfHU
from NYT > Health https://ift.tt/R30wfHU
- January 30, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
Lydia Romero se esforzaba por escuchar la voz débil de su esposo al teléfono.
Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de su casa en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.
“¿En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.
“No te puedo decir”, respondió él.
Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.
“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a KFF Health News.
Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.
Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en Los Ángeles, Minneapolis y Portland, Oregon —ciudades donde el ICE ha realizado redadas— afirman que eso les ha dificultado su trabajo.
Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout —a veces llamado “código negro”— que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.
“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.
Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.
Más detenidos hospitalizados
Peña es una de las más de 350.000 personas arrestadas por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.
El ICE ha recibido críticas por utilizar tácticas agresivas y mortales, y por reportes de maltrato y atención médica deficiente en sus centros de detención. El senador Adam Schiff, demócrata de California, dijo el 20 de enero, en una conferencia de prensa, frente a un centro de detención en California City, que habló con una mujer con diabetes detenida allí que no había recibido tratamiento en dos meses.
No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que 32 personas murieron bajo custodia migratoria en 2025.
En lo que va del año, han muerto seis más.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.
Según las propias directrices del ICE, las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.
La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas, cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.
Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.
David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.
Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.
Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.
Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.
El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.
Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es arrestar y deportar criminales, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse y varios medios de comunicación.
Detenido delante de su casa
Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.
Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el sistema en línea para localizar detenidos del ICE. Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.
Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.
Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario.“Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.
Las directrices del ICE indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.
Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.
Familia sin acceso
Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.
Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.
Uno de esos clientes fue Bayron Rovidio Marín, trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.
En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de limitar el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.
“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.
Pacientes más vulnerables
Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.
“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas —al menos en el caso de Bayron— bajo dolor y efectos de medicamentos”.
Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales —que pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias— dijeron a KFF Health News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.
Los procedimientos de apagón son otra preocupación.
“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.
En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una carta al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.
“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.
Esposado estando inconsciente
Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.
Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.
Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.
Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health —propietario del hospital—, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.
Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/ztDk2lI
- January 30, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
Barbara Tuszynski was concerned about her vision but confident in her insurance coverage when she went to an eye clinic last May.
The retiree, 70, was diagnosed with glaucoma in her right eye in 2019. She had a laser procedure to treat it in 2022, and she uses medicated drops in both eyes to prevent more damage. She is supposed to be checked regularly, she said.
During the May appointment, Tuszynski’s optometrist examined her eyes and reassured her that the glaucoma had not worsened.
Tuszynski, who lives in central Wisconsin, had looked up beforehand whether the clinic in nearby Madison participated in her insurance plan. The insurer’s website listed the optometrist’s name with a green check mark and the words “in-network.” She assumed that meant her policy would cover the appointment.
Then the bill came.
The Medical Procedure
An optometrist tested Tuszynski’s vision and took pictures of her optic nerves.
The Final Bill
$340, which included $120 for vision testing and $100 for optic nerve imaging.
The Billing Problem: Vision Coverage vs. Medical Coverage
Tuszynski’s UnitedHealthcare Medicare Advantage plan declined to pay for her eye appointment. “The member has no out of network benefits,” the company’s denial letter said.
Tuszynski felt like she was seeing double. How could an eye doctor be in-network and out-of-network at the same time? She said she sent the insurer a screenshot of its own webpage showing the clinic listed as in-network.
She said that after she complained, UnitedHealthcare representatives explained that the eye clinic was in-network under her vision plan, so her policy would cover the clinic’s services related to glasses or contact lenses. But they said the clinic was not in-network for her medical insurance plan, and glaucoma treatment is considered a medical issue.
Tuszynski was baffled that care for a patient’s eyes would not be covered by vision insurance. She said she didn’t realize that insurers can have contracts with eye clinics to provide some services but not others.
UnitedHealthcare spokesperson Meg Sergel said such arrangements are common, including with non-Medicare insurance provided by employers or purchased by individuals. “I looked up my eye doctor, and it’s the same thing,” she said in an interview with KFF Health News.
Sergel said she understood how a customer could mistakenly think vision insurance would cover all care for the eyes. She said UnitedHealthcare recommends that before undergoing treatment, patients ask care providers whether they are in-network for specific services.
Otherwise, she said, to know whether a test or treatment is covered by vision insurance, “you’d have to read the nitty-gritty” of a policy.
Leaders at Steinhauer Family Eye Clinic, where Tuszynski saw the optometrist, declined to comment.
Casey Schwarz, senior counsel for education and federal policy at the nonprofit Medicare Rights Center, said such complications frequently come up when Medicare Advantage members try to use their insurance at eye clinics or dental offices.
The federal government pays insurers to run Medicare Advantage plans for people who choose them instead of traditional Medicare. More than half of Medicare beneficiaries sign up for the private plans. Many offer routine vision and dental coverage that isn’t included with traditional Medicare.
“We hear from people who choose these plans because of those supplemental benefits, but there is not a lot of transparency around them,” Schwarz said.
The Resolution
After receiving the rejection letter, Tuszynski repeatedly contacted UnitedHealthcare to question the decision and filed an appeal with the company. Then, she said, she called a Medicare hotline to complain to federal officials. She also wrote to KFF Health News, which asked the insurer about the case.
UnitedHealthcare eventually agreed to cover the bill as if the service had been in-network. “In good faith, we made an exception,” Sergel said. However, Tuszynski was warned that if she received medical care from the clinic again, it would not be covered, because the clinic remains out-of-network for such services, Sergel said. “It doesn’t sound like that pleased her.”
Tuszynski confirmed that she is not pleased.
She said she lost sleep over the dispute and felt that it shouldn’t have taken so much effort to obtain a fair outcome. “It’s just been a horrible, difficult whirlwind,” she said.
The Takeaway
Schwarz said regulators should require insurance companies to clearly explain to customers and care providers how different procedures and services will be covered under vision, dental, and health plans. “They’re tricky,” she said.
In an ideal world, Schwarz said, Medicare would consider things like dental cleanings, eye checkups, and hearing aids as basic health care that would be covered in the same way as other medical care. But until that happens, she said, patients with any doubt should call their insurers beforehand to check whether services will be covered.
Tricia Neuman, a senior vice president with KFF, a health information nonprofit that includes KFF Health News, noted that Medicare’s website now includes a tool that can help people determine whether their doctors participate in a Medicare Advantage plan.
“This is helpful and a step forward, but information about provider networks is not always correct,” Neuman said. “Errors can come at a cost to enrollees, unless they are willing and able to take on their insurer.”
Tuszynski worked for 30 years as a secretary in hospitals and at doctors’ offices, so she’s familiar with billing issues, she said. “If I can’t sort through all this, how can anybody else do it?”
She knows her $340 bill was much smaller than the medical debts many other people face. But she said it was a serious amount of money to her, and she was glad she objected to the insurer’s contention that the bill shouldn’t be covered.
“I have a strong feeling about right and wrong — and this is just wrong,” she said.
For 2026, she decided to shift out of her Medicare Advantage plan. She now is enrolled in traditional Medicare, plus a supplemental plan to help with copays and other costs. She pays $184 a month for that plan, compared with paying no separate premium for her old Medicare Advantage plan.
Now she won’t have to worry about private insurers’ limited networks of contracted care providers, she said. Her glaucoma treatment will be covered at the Madison eye clinic.
However, she no longer has insurance coverage for eyeglasses, just a discount plan if she buys glasses from certain stores. She used her Medicare Advantage insurance to buy new glasses shortly before switching. “Hopefully, those will last me a while,” she said.
Bill of the Month is a crowdsourced investigation by KFF Health News and The Washington Post’s Well+Being that dissects and explains medical bills. Since 2018, this series has helped many patients and readers get their medical bills reduced, and it has been cited in statehouses, at the U.S. Capitol, and at the White House. Do you have a confusing or outrageous medical bill you want to share? Tell us about it!
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/DOqUl1A
- January 30, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
Spurred by her past struggles with dissociative identity disorder, she has devoted her professional life to studying it.
from NYT > Health https://ift.tt/OEFViCs
from NYT > Health https://ift.tt/OEFViCs
- January 29, 2026
- Rose
- NYT > Health, Health - The New York Times
- No comments
Fungal supplements are everywhere, promising happiness, energy, focus, you name it. But what they deliver is something else entirely.
from NYT > Health https://ift.tt/OAxnTMK
from NYT > Health https://ift.tt/OAxnTMK
- January 29, 2026
- Rose
- KFF Health News, Health News
- No comments
Medicare Advantage health plans are blasting a government proposal this week that would keep their reimbursement rates flat next year while making other payment changes.
But some health policy experts say the plan could help reduce billions of dollars in overcharges that have been common in the program for more than a decade.
On Jan. 26, Centers for Medicare & Medicaid Services officials announced they planned to raise rates paid to health plans by less than a tenth of a percent for 2027, far less than the industry expected. Some of the largest, publicly traded insurers, such as UnitedHealth Group and Humana, saw their stock prices plummet as a result, while industry groups threatened that people 65 and older could see service cuts if the government didn’t kick in more money.
In Medicare Advantage, the federal government pays private insurance companies to manage health care for people who are 65 and older or disabled. But less noticed in the brouhaha over rates: CMS also proposed restricting plans from conducting what are called “chart reviews” of their customers. These reviews can result in new medical diagnoses, sometimes including conditions patients haven’t even asked their doctors to treat, that increase government payments to Medicare Advantage plans.
The practice has been criticized for more than a decade by government auditors who say it has triggered billions of dollars in overpayments to the health plans. Earlier this month, the Justice Department announced a record $556 million settlement with the nonprofit health system Kaiser Permanente over allegations the company added about half a million diagnoses to its Advantage patients’ charts from 2009 to 2018, generating about $1 billion in improper payments.
KP did not admit any wrongdoing as part of the settlement.
“I do think the administration is serious about cracking down on overpayments,” said Spencer Perlman, a health care policy analyst in Bethesda, Maryland.
Perlman said that while the Trump administration strongly supports Medicare Advantage, officials are “troubled” by plans that rake in undue profits by using chart reviews to bill the government for medical conditions even when no treatment was provided.
In a news release, CMS Administrator Mehmet Oz said curbing this practice would ensure more accurate payments to the plans while “protecting taxpayers from unnecessary spending that is not oriented towards addressing real health needs.”
“These proposed payment policies are about making sure Medicare Advantage works better for the people it serves,” Oz said.
Richard Kronick, a former federal health policy researcher and a professor at the University of California-San Diego, called the proposal “at least a mildly encouraging sign,” though he said he suspected health plans might eventually find a way around it.
Kronick has argued that switching seniors to Medicare Advantage plans has cost taxpayers tens of billions of dollars more than keeping them in the government-run Medicare program, because of unbridled medical coding excesses. The insurance plans have grown dramatically in recent years and now enroll about 34 million members, or more than half of people eligible for Medicare.
David Meyers, an associate professor at the Brown University School of Public Health, called the proposed restriction on chart reviews “a step in the right direction.”
“I think the administration has been signaling pretty strongly they want to cut back on inefficiencies,” he said.
The outcry from industry, mostly directed at the proposal to essentially hold Medicare Advantage payment rates flat, was quick and sharp.
“If finalized, this proposal could result in benefit cuts and higher costs for 35 million seniors and people with disabilities when they renew their Medicare Advantage coverage in October 2026,” said Chris Bond, a spokesperson for AHIP, formerly known as America’s Health Insurance Plans.
CMS is accepting public comments on the proposal and says it will issue a final decision on the payment rates and other provisions by early April.
Meyers said health plans often claim they will be forced to slash benefits when they aren’t satisfied with CMS payments. But that rarely happens, he said.
“The plans can still make money,” he said. “They mostly are very profitable, just not as profitable as shareholders expected.”
The government pays Medicare Advantage plans higher rates to cover sicker patients. But over the past decade, dozens of whistleblower lawsuits, government audits, and other investigations have alleged that health plans exaggerate how sick their customers are to pocket payments they don’t deserve, a tactic known in the industry as “upcoding.”
Many Medicare Advantage health plans have hired medical coding and analytics consultants to review patients’ medical charts to find new diagnoses that they then bill to the government. Medicare rules require that health plans document — and treat — all medical conditions they bill.
Yet federal audits have shown for years that many health plans’ billing practices don’t hold up to scrutiny.
A December 2019 report by the Department of Health and Human Services inspector general found that the health plans “almost always” used chart reviews to add, rather than delete, diagnoses. “Over 99 percent of chart reviews in our review added diagnoses,” investigators said.
The report found that diagnoses reported only on chart reviews — and not on any service records — resulted in an estimated $6.7 billion in payments for 2017.
This week’s proposal is not the first time CMS has tried to crack down on chart reviews.
In January 2014, federal officials drafted a plan to restrict the practice, only to abruptly back off a few months later amid what one agency official described as an “uproar” from the industry.
The health insurance industry has for years relied on aggressive lobbying and public relations campaigns to fight efforts to rein in overpayments or otherwise reduce taxpayers’ costs for Medicare Advantage.
What happens this time will say a lot about whether the Trump administration is serious about cracking down on controversial, long-standing payment practices in the program.
Perlman, the policy analyst, said it is “quite common” for CMS to partially backtrack when faced with opposition from the industry, such as by phasing in changes over several years to soften the blow on health plans.
David Lipschutz, an attorney with the Center for Medicare Advocacy, a nonprofit public interest law firm, said finalizing the chart review proposal “would be a meaningful step towards reining in overpayments to Medicare Advantage plans.”
But in the past, he said, even a minor change to Advantage payments has led the industry to protest that “the sky will fall as a result, and the proposal is usually dropped.”
“It’s hard to tell at this stage how this will play out,” Lipschutz said.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
from KFF Health News https://ift.tt/8ecZ2Na
Subscribe to:
Comments (Atom)