February 10, 2026
Rose
Rebekah Stewart, enfermera del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos (USPHS, por sus siglas en inglés), recibió en abril del año pasado una llamada que la hizo llorar. Había sido seleccionada para participar en la nueva operación de detención de inmigrantes del gobierno de Donald Trump en la base de Guantánamo, en Cuba.
Ese destino reunía dos promesas de Trump: su viejo anhelo de usar la base que está fuera del país para sacar a “tipos malos” de Estados Unidos y el compromiso, que hizo poco después de asumir la presidencia el año pasado, de llevar allí a miles de personas sin ciudadanía estadounidense. La base naval es conocida por el uso de tortura y el trato inhumano hacia hombres sospechosos de terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
“Las asignaciones normalmente no se pueden rechazar”, dijo Stewart. Pero le rogó a la oficina de coordinación y finalmente encontraron a otra enfermera para reemplazarla.
Oficiales del Servicio de Salud Pública que trabajaron en Guantánamo el año pasado describieron las condiciones en las que se encontraban los detenidos, algunos de los cuales se enteraron de que estaban en Cuba gracias a los médicos y enfermeros enviados para atenderlos.
Estos funcionarios dijeron que habían tratado a inmigrantes que estaban detenidos en una prisión oscura llamada Camp 6, donde no entra la luz del sol.
KFF Health News acordó no revelar los nombres de estos oficiales porque temen sufrir represalias por lo que han contado. Antes, esa cárcel había albergado a personas con supuestos vínculos con al-Qaeda. Los oficiales dijeron que no recibieron información previa sobre las tareas que podrían desempeñar en la base.
Aunque el Servicio de Salud Pública no es parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus oficiales —unos 5.000 médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud— están uniformados y actúan como soldados con estetoscopio en situaciones de emergencia. El gobierno los despliega ante catástrofes naturales, como huracanes, o en el caso de incendios forestales, tiroteos masivos y brotes de sarampión. En tiempos normales, ocupan puestos en distintas agencias federales.
Las detenciones masivas ordenadas por el gobierno de Trump para frenar la inmigración han creado una nueva clase de emergencia de salud pública, ya que la cantidad de personas en custodia alcanza cifras récord. Según datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), actualmente hay unos 71.000 inmigrantes encarcelados; la mayoría sin antecedentes penales.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, recordó: “El presidente Donald Trump ha sido muy claro: Guantánamo albergará a lo peor de lo peor”. Sin embargo, varios medios han informado que muchos de los hombres enviados a la base no tienen condenas criminales. Un informe preliminar de ICE, publicado en mayo, reveló que hasta el 90% fue clasificado como “de bajo riesgo”.
Según The New York Times, el gobierno de Trump ha enviado a Guantánamo, de manera irregular y por etapas, a unos 780 no ciudadanos. La cifra varía a medida que llegan nuevos detenidos y otros son devueltos a Estados Unidos o deportados a terceros países.
Si bien algunos oficiales del Servicio de Salud Pública ya habían brindado atención médica a inmigrantes detenidos en el pasado, esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que Guantánamo se utiliza para alojar a inmigrantes que residían en el país. Los oficiales dijeron que las asignaciones a ICE se están volviendo cada vez más frecuentes. Tras esquivar Guantánamo, a Stewart se le ordenó presentarse en un centro de detención de ICE en Texas.
“A los oficiales de salud pública se nos está pidiendo que contribuyamos a una crisis humanitaria creada deliberadamente”, afirmó.
Como no encontró la manera de rechazar misiones que consideraba inaceptables, Stewart, tras una década de servicio, renunció. Esto significó que también perdió la posibilidad de obtener una pensión que se otorga después de 20 años en esa función.
“Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, contó. “Era el trabajo de mis sueños”.
Una de sus colegas en el Servicio de Salud Pública, la enfermera Dena Bushman, enfrentó un dilema moral similar cuando recibió una notificación para presentarse en Guantánamo pocas semanas después del tiroteo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en agosto. Bushman, que trabajaba en los CDC, pospuso su presentación gracias a un permiso médico debido al estrés y al duelo. Pero comenzó a preguntarse si debía renunciar y finalmente lo hizo.
“Puede sonar exagerado”, dijo Bushman. “Pero cuando estaba tomando esta decisión, no podía evitar pensar que quienes alimentaban a los prisioneros en los campos de concentración también eran parte del régimen nazi”.
Aunque otros han renunciado, muchos oficiales decidieron permanecer en sus cargos. Están alarmados por las tácticas de Trump, pero también piensan que las personas detenidas necesitan atención médica, argumentaron varios oficiales del Servicio de Salud Pública a KFF Health News.
“Hacemos lo mejor que podemos para atender a la gente en este desastre”, dijo una enfermera que trabajó en centros de detención el año pasado.
“Respeto a las personas y las trato como seres humanos”, añadió. “Intento ser una luz en la oscuridad, la mujer que logra sacar una sonrisa en medio de este horrible caos”.
Los oficiales admitieron que su capacidad para proteger a los detenidos es limitada, en un sistema que se caracteriza por el hacinamiento, la desorganización y el trauma psicológico derivado de la incertidumbre, las separaciones familiares y la privación del sueño.
“Garantizar la seguridad, protección y bienestar de quienes están bajo nuestra custodia es una máxima prioridad para el ICE”, dijo Tricia McLaughlin, vocera principal del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado enviado por correo electrónico a KFF Health News.
El almirante Brian Christine, secretario adjunto de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa el Servicio de Salud Pública, escribió en un correo electrónico: “Nuestro deber es claro: decir ‘¡Sí, señor!’, saludar con firmeza y cumplir la misión: presentarse, brindar atención humanitaria y proteger la salud”. Christine fue designado recientemente. Hasta hace poco era urólogo, especializado en testosterona y fertilidad masculina.
“En la búsqueda de una moralidad subjetiva o de demostraciones públicas de virtud —agregó—, corremos el riesgo de abandonar a las mismas personas a las que prometimos servir”.
Hacia lo desconocido
En los meses previos a su renuncia, Stewart reflexionó sobre misiones que tuvo durante el primer mandato de Trump, cuando la enviaron a centros de procesamiento migratorio operados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Recordó una celda de cemento en Texas donde se encontraban detenidas 50 mujeres.
“Lo más significativo que logré fue convencer a los guardias de que les permitieran a las mujeres, que llevaban una semana allí, tomar una ducha”, dijo. “Presencié enormes sufrimientos, sin tener muchas herramientas para aliviarlos”.
Stewart conversó con Bushman y otros oficiales del Servicio de Salud Pública que estaban en los CDC el año pasado. Allí colaboraban en la respuesta a brotes de sarampión o investigaciones sobre infecciones de transmisión sexual, entre otras tareas. Su presencia se volvió crucial luego de que la administración Trump despidiera a gran parte de los empleados de los CDC.
Stewart, Bushman y algunos otros funcionarios del Servicio de Salud Pública en los CDC contaron que se reunieron con mandos intermedios para pedir información sobre las asignaciones.
Si iban a Guantánamo y a centros del ICE, ¿cuánta autoridad tendrían para brindar la atención médica que consideraban necesaria? Si veían algo poco ético, ¿cómo podían denunciarlo? ¿Se investigaría? ¿Estarían protegidos contra las represalias?
Stewart y Bushman dijeron que solo les dieron el número de teléfono de una oficina del USPHS al que podían llamar si tenían alguna queja mientras estuvieran asignados. Por lo demás, afirmaron que sus preguntas quedaron sin respuesta. Renunciaron y, por lo tanto, nunca fueron a Guantánamo.
Oficiales del PHS que sí fueron enviados a la base dijeron a KFF Health News que no recibieron detalles sobre sus posibles funciones —ni sobre los protocolos para la atención médica— antes de llegar.
Stephen Xenakis, general retirado del Ejército y psiquiatra que ha asesorado sobre atención médica en Guantánamo durante dos décadas, dijo que eso era preocupante. Señaló que el personal de salud debería saber qué se espera de ellos antes de ser enviado.
Las consecuencias de una preparación insuficiente pueden ser graves.
En 2014, la Marina amenazó con llevar a una corte marcial a uno de los enfermeros destinados a Guantánamo porque se había negado a alimentar por la fuerza a prisioneros en huelga de hambre, que protestaban por el trato inhumano y la detención indefinida.
El protocolo era brutal: el prisionero era inmovilizado en una silla con cinco puntos de sujeción mientras los enfermeros le introducían una sonda por la nariz hasta el estómago para administrarle alimento líquido.
“No recibió instrucciones claras sobre cómo se realizarían estos procedimientos en Guantánamo”, explicó Xenakis. “Hasta que lo vio, no entendía lo doloroso que era para los detenidos”.
La Asociación Estadounidense de Enfermeros y la organización Médicos por los Derechos Humanos respaldaron al enfermero, afirmando que su objeción se basaba en principios éticos profesionales. Un año después, el ejército retiró los cargos.
El poder de un médico o de un enfermero uniformado suele depender de su rango, de su supervisor y de las cadenas de mando, agregó Xenakis. Él ayudó a poner fin a algunas prácticas inhumanas en Guantánamo hace más de una década, cuando junto con otros generales y almirantes retirados expresaron públicamente su rechazo a ciertas técnicas de interrogatorio, por ejemplo, una conocida como “walling”, en la que los interrogadores golpeaban la cabeza de personas detenidas sospechosas de terrorismo contra una pared, provocándoles leves conmociones cerebrales.
Xenakis sostuvo que la ciencia no respaldaba el “walling” como un método eficaz de interrogatorio y que, además, era una práctica poco ética, equivalente a la tortura.
No se han denunciado casos de tortura en la operación migratoria en Guantánamo, pero informes internos de ICE, obtenidos a través de una solicitud de la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información) por parte de American Oversight, un grupo que vigila acciones gubernamentales, apuntan a la preocupación por los detenidos que recurren a huelgas de hambre y autolesiones.
“Controles de bienestar ante posibles huelgas de hambre de IA”, indica una nota del 30 de abril de un contratista que trabaja con el ICE. IA es la sigla de illegal aliens (extranjeros en situación irregular). El informe agrega que, “en caso de una huelga de hambre u otras emergencias”, el Servicio de Salud Pública (PHS) y el ICE coordinarán políticas y procedimientos.
“Reducción de la posible huelga de hambre a nivel del módulo/posibles disturbios”, dice un registro del 8 de julio. “Hablar con el extranjero que se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio para evaluar su bienestar”.
Informes e investigaciones han señalado demoras en la atención médica y condiciones peligrosas en centros de detención migratoria, como hacinamiento y falta de higiene.
En 2025, murieron 32 personas bajo custodia del ICE, lo que lo convirtió en el año más letal en dos décadas.
“Están arrestando y deteniendo a más personas de las que sus instalaciones pueden albergar”, comentó un oficial del Servicio de Salud Pública. El problema más frecuente que este oficial observó entre los inmigrantes encarcelados es psicológico. Les preocupaba no volver a ver a sus familias o ser deportados a países donde temían ser asesinados. “La gente está aterrada”, dijo el oficial.
Sin la luz del sol
Los oficiales que estuvieron en Guantánamo dijeron que los hombres detenidos se alojaban en barracas de baja seguridad, con unas pocas personas por cuarto, o en Camp 6, una instalación de alta seguridad que no tiene luz natural.
Los informes del ICE distinguen las dos áreas por su ubicación en la isla: Leeward para las barracas y Windward para Camp 6. Unos 50 cubanos enviados a Guantánamo entre diciembre y enero han permanecido en Camp 6.
Un hospital naval de la base atiende principalmente a personal militar y residentes que no están detenidos, y tiene capacidad limitada, contaron los oficiales.
Para evitar costosas evacuaciones médicas a Estados Unidos, los inmigrantes fueron evaluados antes de ser trasladados a Guantánamo. En general, se excluyeron a personas mayores de 60 años o que requerían medicación diaria para diabetes o hipertensión. Aun así, algunos detenidos han tenido que ser evacuados de regreso a Florida.
Médicos y enfermeros del Servicio de Salud Pública dijeron que volvían a evaluar a los detenidos cuando llegaban y ofrecían atención continua, tratando casos de malestar gastrointestinal y depresión. Un informe mensual del ICE señala: “El psicólogo del USPHS inició un grupo de ejercicio” para los detenidos.
Las solicitudes de estudios médicos solían ser rechazadas por obstáculos logísticos y por la cantidad de agencias involucradas en la base. Incluso una prueba de laboratorio común, como un hemograma completo, tardaba semanas, cuando en Estados Unidos toma solo unas horas.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, que coordinan la operación migratoria en Guantánamo, no respondieron a solicitudes de comentarios.
Un oficial que ayudaba en los chequeos médicos iniciales dijo que muchos detenidos se sorprendían al enterarse de que estaban en Guantánamo.
“Les decía: ‘Lamento que estés aquí’”, contó. “Nadie se alteraba. Era la enésima vez que los trasladaban”. Algunos llevaban cinco o seis meses detenidos en distintos centros y querían volver a sus países. El personal de salud no tenía respuesta ni solución.
A diferencia de los centros del ICE en Estados Unidos, Guantánamo no ha estado sobrepoblado. “Nunca he estado tan desocupada”, dijo una oficial. Guantánamo, una base militar en una isla tropical, ofrece actividades como esnórquel, yoga y kickboxing para quienes no están presos. Aun así, la oficial dijo que preferiría estar en su casa y no en esa misión pagada con fondos públicos.
Transportar personal e insumos a la isla y mantenerlos en la base es sumamente costoso. Según un análisis de The Washington Post de 2025 basado en datos del Departamento de Defensa, el gobierno gastaba unos $16.500 al día por cada detenido en Guantánamo. (En comparación, el costo promedio por detenido en un centro del ICE en Estados Unidos es de $157 diarios).
Aun así, el presupuesto ha aumentado: el Congreso otorgó al ICE una cifra récord de $78.000 millones para el año fiscal 2026, muy por encima de los $9.900 millones de 2024 y los $6.500 millones de hace casi una década.
El año pasado, la administración Trump también derivó más de $2.000 millones del presupuesto de defensa nacional hacia operaciones migratorias, según un informe de congresistas demócratas. De ese monto, unos $60 millones se destinaron a Guantánamo.
“Detener a no ciudadanos en Guantánamo es mucho más costoso y complejo logísticamente que hacerlo en centros del ICE dentro de Estados Unidos”, escribió Deborah Fleischaker, ex subdirectora del ICE, en una declaración presentada como parte de una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a comienzos del año pasado.
En diciembre, un juez federal rechazó la petición del gobierno de Trump para desestimar otro caso de la ACLU que cuestionaba la legalidad de detener inmigrantes fuera del país.
Anne Schuchat, quien sirvió en el Servicio de Salud Pública por 30 años antes de jubilarse en 2018, advirtió que estas misiones podrían tener consecuencias para la seguridad del país. “Una de las mayores preocupaciones siempre ha sido tener suficientes oficiales disponibles para emergencias de salud pública”, recordó.
Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó que las asignaciones migratorias no afectan la capacidad de respuesta del Servicio de Salud Pública ante otras emergencias.
En el pasado, estos oficiales han montado refugios médicos durante huracanes en Louisiana y Texas, implementado pruebas de covid en los primeros meses de la pandemia, y brindado apoyo tras la masacre en la escuela Sandy Hook y el atentado en la Maratón de Boston.
“Es importante que la gente sepa cuántos recursos del gobierno se están usando para que la administración actual pueda llevar adelante esta agenda”, dijo Stewart, una de las enfermeras que renunció. “Esta es una de las cosas que probablemente nos está convirtiendo en el tipo de países contra los que alguna vez estuvimos en guerra”.
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