July 06, 2020
Rose
En abril, el gobernador Gavin Newsom lanzó una iniciativa estatal multimillonaria para que las pruebas de COVID-19 llegaran a las personas y a los lugares con menos acceso: pueblos rurales y vecindarios desfavorecidos del centro de la ciudad.
Pero ahora, citando costos, California está frenando esta expansión, incluso cuando el estado está teniendo devastadores récords de nuevas infecciones y aumentos de dos dígitos en las hospitalizaciones.
El estado ya no financiará nuevos sitios de prueba, a pesar de las súplicas de los condados para obtener asistencia adicional. También ha cerrado algunos espacios y los ha trasladado a otros lugares.
Y el gobierno ha amenazado con cerrar los sitios subutilizados, de acuerdo con casi dos docenas de entrevistas con funcionarios de salud pública de los condados.
Aunque es pronto para evaluar, han surgido algunos ganadores y perdedores: el condado de El Dorado, al este de Sacramento, perdió uno de sus sitios de prueba en la ciudad de Shingle Springs en junio por no agendar suficientes citas, mientras que el condado de Fresno ganó un sitio que había sido retirado de otra parte, dijo el doctor Rais Vohra, su oficial de salud.
Sin embargo, el condado de San Mateo ha pedido tres veces a los funcionarios estatales un segundo lugar de pruebas financiado por el estado para abordar las brechas en las pruebas en los vecindarios de minorías de raza negra y de trabajadores agrícolas, pero se le ha “dicho que no repetidamente”, dijo Justin Mates, subdirector del condado.
Por eso, el condado transformó su único sitio estatal en una unidad de prueba itinerante.
“La equidad es ciertamente una preocupación para nosotros”, dijo Mates. “Realmente necesitamos ayuda con el acceso a pruebas si vamos a llegar a nuestros residentes latinos y lugares como East Palo Alto”, una ciudad diversa cuya población es principalmente latina, afroamericana, asiática y de nativos de las Islas del Pacífico.
California ha comprometido hasta $132 millones en contratos con dos compañías privadas de pruebas para COVID-19, Verily Life Sciences y OptumServe, para ofrecer pruebas gratuitas en más de 100 sitios que la administración de Newsom ha identificado como “desérticos para pruebas”.
La expansión ha elevado drásticamente los números de pruebas generales del estado, que aumentaron de 16,000 por día en abril a 105,000 el lunes 29 de junio.
Las pruebas también están disponibles en ubicaciones financiadas por condados, farmacias privadas, hospitales y clínicas comunitarias.
Mark Ghaly, secretario estatal de Salud y Servicios Humanos, confirmó que el estado está retirando los sitios de los condados que no están generando números lo suficientemente altos y cortando fondos para nuevos espacios.
“Lo que quieres es que el dinero vaya a donde más se necesita”, dijo Ghaly. “No sería prudente o sabio mantener el gasto en un lugar donde no se están utilizando los recursos”.
El propio Newsom ha expresado su preocupación por los precios, dados los déficits presupuestarios “sin precedentes”. “Hay un gran costo asociado con las pruebas”, dijo a fines de junio.
Un funcionario de la administración de Newsom confirmó que el estado quiere ver que los condados llenen al menos el 80% de las citas para pruebas en cada ubicación. Y si las pruebas caen por debajo del 50% durante unos días o más, se les advierte que los sitios podrían transferirse a otro lugar.
Los condados argumentan que existe un beneficio para la salud pública al mantener abiertas las ubicaciones de bajo rendimiento, simplemente para garantizar que las pruebas estén disponibles para las comunidades rurales y postergadas.
En todo el estado, están luchando para salvar sitios financiados por el estado, incluso cuando están siendo abrumados por los crecientes casos de coronavirus vinculados en gran medida a reuniones sociales.
“Es cómo podemos identificar rápidamente dónde está el virus y si hay puntos calientes”, dijo la doctora Olivia Kasirye, oficial de salud del condado de Sacramento, donde celebraciones familiares y reuniones con alto consumo de alcohol están elevando las tasas de infección.
El condado de Contra Costa vio caer sus números de pruebas en junio y corría el riesgo de perder un sitio financiado por el estado hasta que demostrara que podía cumplir con las citas a cerca del 80% de su capacidad, dijo el doctor Chris Farnitano, su oficial de salud.
Al condado de Riverside se le advirtió el 16 de junio de que un sitio financiado por el estado al norte de Temecula sería “trasladado a otro condado” si no cubría el 50% de sus citas, según un correo electrónico del grupo de trabajo de pruebas del estado.
Lo mismo se le dijo al condado de Mendocino, que podría perder su sitio financiado por el estado, la única prueba gratuita disponible a dos horas de manejo para algunos residentes de áreas rurales.
El condado de Alameda se sintió tan frustrado con los requisitos estatales que emprendió una expansión de pruebas por cuenta propia.
“Nos dimos cuenta que no podíamos depender del estado, especialmente para llegar a nuestras comunidades vulnerables”, dijo la doctora Jocelyn Freeman Garrick, doctora de la sala de emergencias del Hospital Highland en Oakland, quien lidera la fuerza de pruebas del condado.
El condado de El Dorado, que perdió su sitio, hasta ahora ha mantenido un recuento relativamente bajo de casos de COVID-19.
Ghaly dijo que el estado está trabajando con los condados en peligro de perder sitios para darles la oportunidad de llenar los espacios de prueba. Los funcionarios estatales se negaron a decir cuántos condados han perdido sitios, pero a medida que las nuevas infecciones se han disparado, los números de las pruebas están comenzando a recuperarse.
La lista de condados en riesgo de perder un sitio ha disminuido de alrededor de una docena a principios de junio a unos pocos la última semana de junio.
Expertos en salud pública dicen que enfocándose tan intensamente en los números de las pruebas y no en las pruebas adecuadas en los vecindarios de minorías, se corre el riesgo de abandonar las comunidades que ya enfrentan enormes barreras para la atención médica como el racismo y la pobreza.
“Si ignoras estas comunidades, seguiremos viendo las mismas urgencias que estamos viendo ahora”, dijo el doctor Tony Iton, ex alto funcionario de salud del condado de Alameda y ahora vicepresidente senior de California Endowment, que está trabajando con los condados para expandir las pruebas en vecindarios desatendidos.
Las barreras socioeconómicas arraigadas también hacen que sea difícil obtener y mantener los números de prueba. Por ejemplo, las personas que desean hacerse la prueba en sitios estatales a menudo necesitan acceso a Internet y una dirección de correo electrónico. La mayoría son al paso, por lo que deben tener un vehículo.
Muchas personas de bajos ingresos no pueden cumplir con esos requisitos, y los inmigrantes indocumentados temen que proporcionar información personal para obtener una prueba pueda exponerlos a los funcionarios de inmigración, dijo el doctor Marty Fenstersheib, ex funcionario de salud del condado de Santa Clara que lidera el programa de pruebas.
“Si las personas tienen miedo de venir y hacerse la prueba, no habrá ningún beneficio”, dijo.
Los contratos estatales que financian los sitios de prueba se extendieron en junio, pero expirarán el 31 de agosto, y los funcionarios de la administración no han dicho a los condados si el estado continuará financiándolos, dijo Mimi Hall, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Salud del Condado de California y directora de salud pública del condado de Santa Cruz.
“Es difícil planificar cuando no sabemos cuánto tiempo podremos mantenerlos”, expresó Hall.
Esta historia de KHN fue publicada primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.
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